por Claudio Lozano - Diputado Nacional Mov. Proyecto Sur
LAS ZONCERAS OFICIALES Y LAS CHANTADAS DE LA OPOSICION CONSERVADORA EMBRETAN A LOS JUBILADOS EN UNA CONTIENDA ELECTORAL QUE HACE CASO OMISO DE SUS NECESIDADES
Frente al veto presidencial al proyecto aprobado en el Senado es imprescindible considerar que:
1) De los 5.491.049 jubilados y pensionados cubiertos por el sistema previsional, el 74% de los mismos está cobrando el haber mínimo de $1.046; e incluso gran parte de los 2,5 millones que accedieron a la jubilación por la moratoria están cobrando por debajo de dicho valor (dado el descuento por la deuda asumida) en un contexto donde la canasta individual para un jubilado no baja de $2.250. Este dato contundente es el que debe ocupar el primer lugar en la consideración del debate actual. Son las necesidades apremiantes de los jubilados los que no pueden dejarse de lado al considerar la decisión de la Presidenta de vetar el proyecto aprobado en el Senado.
2) Que fue lo que veto la Presidenta? El proyecto que la Presidenta vetó permitía:
a) Llevar el haber mínimo actual de $1.046 a $1.426,80 y actualizarlo a $1.508,80 a partir de enero del 2011. Esto es lo que proponía el proyecto en su artículo 1 al fijar la jubilación mínima en el 82% del salario mínimo.
b) Sacar al 42% de los jubilados del haber mínimo, permitiendo que el 37% de los mismos tuviera un haber promedio de $1.800 y el 5% de los mismos con un haber medio de $5.000. Esto es lo que se lograba de la aplicación de los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia en los fallos Badaro y Sanchez.
Se trata de un proyecto que lejos de constituirse como una reforma previsional acabada estaba en dirección a comenzar a resolver los graves problemas que acumula el sistema previsional actual, que en tanto se mantiene sin modificaciones, se consolida como un sistema que garantiza haberes de miseria, produciendo significativos efectos negativos que deterioran el propio sistema previsional, en la medida que los bajos haberes alientan la evasión previsional, y le abren la puerta a los regimenes privados de capitalización que buscan resolver individualmente la situación particular de la población de mayor poder adquisitivo.
Resulta claro que los graves problemas acumulados en el sistema previsional vigente no se resolvían con la sanción del proyecto aprobado en el Senado, puesto que no se trataba de una reforma integral, sino de un paliativo a la situación existente en línea con promover un debate imprescindible sobre el sistema previsional argentino. En este marco, la actitud de la Presidenta de vetar en tiempo record el proyecto completo, sin siquiera evaluar la opción del veto parcial (que hubiera permitido por ejemplo aprobar el punto a) –fijando el haber mínimo en el 82% del salario mínimo y vetar la opción b)- no contemplar los fallos dispuestos por la Corte Suprema) son una muestra más de la ausencia de voluntad política por parte del Gobierno de encarar el debate previsional que nuestra sociedad demanda.
3) Para justificar el veto, la Presidenta incurre en una serie de ZONCERAS que merecen destacarse:
a) En primer lugar asocia el proyecto con la Quiebra del Estado. Argumento que, más allá de la investidura presidencial, no puede menos que catalogarse como estúpido al observar que el costo del proyecto ($30.000 millones de necesidades de financiamiento neto para el 2011) representa apenas el 5,5% del Gasto Público Consolidado (estimado en $550.000 millones). Resulta paradójico y revelador a la vez de la concepción del Gobierno, que pagarle a los jubilados se asocie con la quiebra del Estado mientras que pagarle los acreedores (por una cifra similar en el 2010 por $25.000 millones financiados con reservas) se presente como darle certeza y confianza a la economía. Llevando este argumento al extremo, si mejorar la situación de los jubilados supone la quiebra del Estado, entonces mantener jubilaciones de miseria se constituye en la fortaleza del mismo, por lo que en este marco no queda más que postergamiento y privación para los jubilados mientras el Estado muestra un superávit fiscal o mejor dicho, excedentes de recursos, que se destinan a otros fines, como por ejemplo el pago a los acreedores en el 2010.
b) En su recuento histórico, la Presidenta se olvidó de las reducciones de las contribuciones patronales dictadas por Menem y Cavallo en 1993. Se acordó sí de la y la restitución de Alfonsín de 1984, pero para justificar el argumento neoliberal y noventista de que “no se puede restituir contribuciones porque ello significa aumentar el desempleo, disminuir el financiamiento al sistema previsional y pagar menores jubilaciones”. Zoncera esta digna de la Convertibilidad y obtusa respecto a la experiencia nefasta de dicha etapa. En efecto, cuando se redujeron las contribuciones pasó lo que señaló la Presidenta: aumento del desempleo, desfinanciamiento previsional y reducción de los haberes.
c) La zoncera de señalar que el proyecto pretendía liquidar el FGS del ANSES. El proyecto señalaba que dicho Fondo no podría superar el valor de un año de prestaciones. En ningún lugar se pone plazo para que ello suceda, ni menos que deba malvenderse esos activos.
d) Por último, al finalizar su argumentación, la Presidenta se olvidó, al mencionar a los sectores por los cuales pelea para mejor su nivel de vida, de los jubilados. En efecto, la Mandataria finalizó su discurso convocando “trabajadores, estudiantes, docentes, empresarios” a defender sus condiciones de vida. Los jubilados brillaron por su ausencia en el cierre del discurso presidencial. Todo un olvido que dice más que mil palabras sobre el lugar que ocupan los jubilados en la visión oficial.
4) Por otro lado, la CHANTADA de la Oposición Conservadora consistió en no haber incorporado todo el financiamiento completo que el proyecto demandaba (razón por la cual se opusieron a la restitución de las contribuciones patronales para las grandes firmas) otorgándole la excusa necesaria para que el Oficialismo se escude y justifique el veto. Es bueno aclarar que la chantada de la Oposición Conservadora es la Excusa, y no otra cosa, para el veto Oficial. Si la Presidenta hubiera querido conseguir el financiamiento necesario por vía de la restitución de las contribuciones patronales para las grandes firmas, lo podría y lo puede hacer con el dictado de un simple decreto, tal como Menem y Cavallo usaron un decreto para reducirlas en 1993. Restituir las contribuciones patronales para las grandes firmas es una opción que la Presidenta tiene a disposición pero que ha decidido no utilizarla. También aquí todo un indicador de orden de preferencias y prioridades que revela el veto presidencia.
5) En rigor, tanto la CHANTADA de la Oposición Conservadora como las ZONCERAS del Oficialismo son las dos caras de una misma moneda: En efecto, de modo distinto, ambas opciones responden a la lógica de postergar las necesidades de los jubilados. Del lado del oficialismo, y más allá del exabrupto presidencial sobre la “quiebra del Estado”, lo cierto es que el veto de la Presidenta responde a la estrategia fiscal vigente que ha transformado al ANSES en una caja de recursos para financiar la brecha de financiamiento del Tesoro.
6) En concreto, la propuesta vetada por la Presidenta, que permitía mejorar la situación de los jubilados, transformándose en un paliativo en línea con transitar la necesaria reforma previsional integral, tenía un costo de:
a) De $20.000 millones con el valor del salario mínimo actual.
b) De $30.000 millones con el valor del salario mínimo a partir de enero 2011.
Frente a esta necesidad de financiamiento, los recursos disponibles a disposición son:
a) El ANSES tiene un superávit financiero al 2010 de $14.078 millones; y el Presupuesto 2011 tiene previsto un superávit de $21.531 millones.
b) La restitución de las contribuciones patronales para las grandes firmas al momento actual (septiembre del 2010) permiten expandir la recaudación en $25.406 millones. Teniendo en cuenta la hipótesis de crecimiento del 22% en la recaudación proyectada por el Presupuesto 2011, ubicaría dichos recursos en nada menos que $30.996 millones.
Por lo tanto, queda claro que existen todas las condiciones para resolver las urgentes necesidades de los jubilados. No hacerlo, es una decisión política que la Presidenta y el Oficialismo han tomado en función de privilegiar la rentabilidad de las grandes firmas y el mantenimiento del superávit en el ANSES con destino fundamental al pago de los acreedores.
